La “judicialización” de la medicina: una cultura de la “sospecha”

Comentarios a la futura “ley reguladora de la dignidad de las personas ante la muerte”:

Más que “regulación del proceso de toma de decisiones” se necesita espacios adecuados y tiempos de consulta suficientes como para que sea posible una deliberación conjunta con los pacientes que así lo deseen y documentos de apoyo que permitan recoger de forma objetiva lo expresado por éstos.
Más que “regular todos los aspectos relativos al proceso de atención para una muerte digna” se necesita dotar de recursos (humanos y materiales) a centros de salud, y unidades de atención domiciliaria y/o de cuidados paliativos, de tal forma que los pacientes que deseen morir en sus domicilios puedan recibir una atención adecuada (contemplando la posibilidad de ingresos episódicos para descargar al cuidador)
Más que prohibir “objeciones generalizadas a la norma”, estilo autoritario de gobernar (el de prohibiciones) propio de los totalitarismos e inspirado en la sospecha, es necesario impulsar una cultura de confianza hacia los profesionales los cuales, mediante argumentos basados en la evidencia científica, protocolos de actuación elaborados por los equipos de trabajo, toma de decisiones compartida con los pacientes, y registro sistemático en las historias clínicas, procuran (salvo excepciones) conseguir el mayor bien para sus pacientes evitando daños.
Por tanto, más que “reducir al máximo la variabilidad de interpretaciones” mediante leyes y otros procedimientos quirúrgicos que serían muy útiles en el caso de que la incompetencia profesional fuese lo normal y no excepcional (como es de presumir), habría que facilitar espacios y tiempos de reflexión dentro del horario de trabajo, de tal forma que se pueda registrar de forma adecuada y sin apresuramiento en las historias clínicas, revisar periódicamente y de forma conjunta los protocolos de actuación de cada centro asistencial, y analizar las decisiones que se tomaron de forma personalizada con cada uno de los pacientes, para así reducir la variabilidad y mejorar la práctica clínica a partir de y desde quienes la están realizando.

¿Es que promulgando una ley se cambiarán los estilos de trabajo? ¿O es que resulta más barato promulgar una ley que dotar de forma adecuada, en recursos humanos y materiales, a los centros sanitarios?
¿Es necesaria una ley cuando se parte de que la mayor parte de los profesionales son competentes? ¿O es que los que gobiernan y gestionan ejercen su poder desde la cultura de la sospecha y la presunción de incompetencia de los profesionales?

Ana Costa